Sismo dejó sin agua y en crisis al sur-oriente de la Ciudad de México – Animal Político

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Los sismos de septiembre no sólo dejaron edificios colapsados en la Ciudad de México, también “secaron” a varias colonias de las delegaciones del sur y oriente, algunas acumulan más de tres semanas sin suministro de agua potable, lo que se ha convertido en una situación de tensión y emergencia.

Como medida paliativa, las delegaciones Xochimilco, Tláhuac, Iztacalco e Iztapalapa han distribuido el líquido a través de pipas, aunque, de acuerdo con los vecinos de las colonias afectadas, esta repartición ha sido insuficiente y por ello, han tenido que pagar por el servicio a particulares.
Escasez de agua, constante en Xochimilco
En Xochimilco, una de las delegaciones afectadas por el sismo, las colonias del centro histórico de la demarcación, así como los pueblos de Santa María Nativitas, Santa Cruz Acalpixca y San Gregorio Atlapulco, continúan sin servicio de agua.
Juan González Romero, director general de Servicios Urbanos de la delegación explicó a Animal Político que en Xochimilco “de manera constante tenemos problemas con el suministro de agua potable, tanto en la red como en las zonas en que, por no haber redes, tenemos que repartir el agua a través de pipas”.
Este problema, indicó, “tiene que ver con el desgaste de las redes, con el mantenimiento de las fuentes de abastecimiento, principalmente los pocos de extracción y las redes primarias, que son las que sufren de manera constante”.
Eréndira Aquino
Sin embargo, reconoció el funcionario, “a partir del sismo del siete de septiembre tuvimos afectaciones fuertes en algunos lugares, donde estuvimos una semana sin agua porque se presentaron varias fracturas en la red primaria y secundaria de agua potable”.
Las colonias donde las tuberías sufrieron mayores daños en Xochimilco son: San Gregorio, Santa Cruz, Nativitas, San Marcos, Tulyehualco, San Luis Tlaxialtemalco y Santiago Xochitepec, aunque, informó González Romero, “el servicio ya ha ido restableciéndose. En la mayoría de estos lugares ya ha regresado el agua”.
No es así el caso de San Gregorio Atlapulco, comunidad más afectada en la delegación, donde de acuerdo con las autoridades el servicio podría restablecerse la próxima semana, pues “tenemos problemas todavía con las fugas”, informó el director general de Servicios Urbanos.
Mientras el abastecimiento del líquido continuará realizándose con pipas en las zonas afectadas.
Sobre el censo de viviendas afectadas en Xochimilco, Gustavo Alonso Cabrera, director general Jurídico y de Gobierno, dijo que han identificado seis zonas donde se presentaron las mayores afectaciones: San Marcos, Nativitas, Santa Cruz, San Gregorio, San Luis Tlaxialtemalco y Tulyehualco.
Eréndira Aquino
De acuerdo con el funcionario, desde el 20 de septiembre personal de la delegación se ha dedicado a verificar los lugares en riesgo y en realizar un registro de daños, “los que nos han servido como base de datos para presentar al gobierno federal nuestra solicitud de recursos  del Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN)”.
Alonso Cabrera informó que, en tanto no se liberen los recursos del FONDEN, la delegación no comenzará con los trabajos de demolición de viviendas que quedaron a punto de derrumbarse, ni con la reparación de aquellas que quedaron dañadas, y que, calculan, son unas 500 en toda la demarcación.
En las primeras brigadas de verificación técnica, dijo, “un arquitecto, un ingeniero, una brigada técnica o un responsable de obra pasó al lugar y con eso se hizo la identificación de los daños”. Para que estas fueran realizadas, los afectados tuvieron que acudir a los módulos instalados por la delegación para solicitar la revisión de sus viviendas.
Sin embargo, Zeltzin P., vecina de San Gregorio, denunció que las autoridades les informaron que la primer revisión, realizada por personal de Protección Civil, no fue válida, pues no les entregaron documentos con los dictámenes estructurales, por lo que ahora les piden acudir nuevamente a registrarse como solicitantes de verificaciones técnicas, “lo que está dando largas a que tiren las casas que quedaron muy dañadas y peor aún, para la reconstrucción”.
Sobre esto, Alonso Cabrera dijo que no faltará quien diga “que no está incluido, que no se anotó, que no sabía… pero por eso pueden seguir todavía este fin e semana registrando los daños de sus viviendas”.
En Tláhuac, el servicio se restablece
Daniel P., vecino de la colonia Nopalera, comentó a Animal Político que en su comunidad el servicio de agua se ha restablecido paulatinamente, aunque los primeros cinco días luego del sismo no cayó gota, por lo que estuvieron recibiendo líquido por medio de pipas.
“Pero era un desmadre, porque eran pocas y todo mundo quería que le tocara llenar primero”, agregó.
De acuerdo con la delegación, el servicio del agua se ha regularizado en San Juan Ixtayopan, San Pedro y Tlaltenco, aunque los trabajos de reparación de fugas provocadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre continuarán en la colonia del Mar, Zapotitlán, Mixquic y Tetelco, donde continuarán con el apoyo de pipas.
@tlahuacrenace
A través del área de comunicación social, la delegación pidió a los vecinos “que reporten las fugas de agua, porque ahora que se restablezca el suministro van a surgir las afectaciones en la red secundaria de tuberías, e incluso, en las casas.
Hasta el 28 de septiembre, en la delegación Tláhuac se reportaron 3037 viviendas o bardas afectadas, 113 luminarias y 316 transformadores dañados, 54 socavones 139 grietas y141 fugas de agua, luego de los sismos registrados en septiembre en el centro del país.
A la caza de las pipas
La Colonia Agrícola Oriental es una de las más pobladas de la capital, con más de 100 mil habitantes, además de ser una de las más peligrosas también, y ante una situación de emergencia, los vecinos no dudan en unirse para exigir, a la buena o la mala, la resolución de sus problemas.
Carlos Hernández asegura que en su negocio no cuenta con agua desde el pasado temblor del 7 de septiembre y ante las dificultades de conseguir abastecimiento de las pipas que ha enviado la Delegación Iztacalco, prefiere comprar garrafones, lo mismo que hacen algunos vecinos hasta para bañarse.
“Está muy difícil porque estamos gastando mucho en comprar garrafones, aparte si no los consigues temprano, ya en la tarde no están y puedes quedarte sin agua para lo más básico hasta por más de un día”, comentó.
Luego de diversas quejas en redes sociales y ante las propias autoridades en la sede delegacional, los habitantes de esta colonia y de otras de alrededor, como Pantitlán, El Rodeo, Granjas México y Ramos Millán, dieron un siguiente paso: bloquear el paso de vehículos en vialidades importantes como el Eje 3 Sur, Rojo Gómez, Avenida Sur 20, Oriente 233.
Vecinos de la agricola oriental en @deleiztacalco se quejan de la falta de agua, la cual se agudizó luego del sismo del 19 S @conagua_mx pic.twitter.com/x67c7qCY28
— Informador Independi (@InformadorInde) September 25, 2017

No obstante, las pipas eran insuficientes, por lo que el domingo 24 de septiembre un grupo de personas cerró el cruce de Rojo Gómez y Río Frío para obtener agua de un pozo que se encuentra en esa zona, mientras que otras personas estuvieron a la caza de las pipas, gratuitas y privadas, para “secuestrarlas” y repartir la carga entre sus conocidos.
“No está bien, pero a eso nos han obligado, entendemos que lo del agua fue por el temblor, pero los vemos muy calmados en la Delegación, así que si no llega el agua, seguro seguirán tomando las pipas”, refirió una de las vecinas que recibió líquido de una de esas pipas tomadas.
En Iztapalapa están haciendo su negocio
Durante muchos años, Iztapalapa ha sido sinónimo de escasez de agua. Aunque en algunas colonias el sismo del 7 de septiembre no cortó el suministro, el del 19 sí y la situación se ha salido de control en ciertas zonas.
Con más de un millón de habitantes para abastecer de agua, las pipas fueron insuficientes y en la semana reciente, en algunos puntos, principalmente en los límites con el Estado de México, los camiones fueran secuestrados a punta de pistola, por lo que en los días siguientes los repartidores se negaron a dar el servicio, a menos que la entrega fuera después de la medianoche.
En puntos como la Colonia Paseos de Churubusco, en la frontera con Iztacalco, la venta de 10 mil litros de agua estuvo tazada entre mil y mil 500 pesos, o bien, algunos piperos encontraron un negocio mejor, al ofrecer a 100 pesos el minuto.
Este sábado 30 de septiembre, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, explicó que cuadrillas de trabajadores laboran 24 horas para restablecer el servicio de agua potable, y confió que la próxima semana el abasto esté normalizado, ya que aún falta reparar varias fugas que impiden que la presión funcione al 100%.
Desabasto de agua que padecemos ha convertido en crítica la situación para miles de personas. Si está en tus manos dona agua a nuestra gente pic.twitter.com/fBjtF4vOXG
— Alcaldía Iztapalapa (@Alc_Iztapalapa) September 29, 2017

La Fiscalía de Perú acusó formalmente, a través de una denuncia constitucional, al presidente Pedro Castillo de liderar una organización criminal en el seno de su gobierno.
Según la fiscal general de la Nación, Patricia Benavides, la investigación ha revelado indicios de que Castillo es el cabecilla de una red responsable de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión.
Benavides también dijo que se estaba produciendo “una feroz obstrucción a la justicia” desde esa red supuestamente “enquistada en el Gobierno con la finalidad de copar, controlar y direccionar procesos de contrataciones para obtener ganancias ilícitas”.
El presidente Castillo replicó en una rueda de prensa con medios internacionales que “no hay ningún fundamento real” y “esas acusaciones son orquestadas”. Reiteró que probará su inocencia y aseguró que se ha puesto en marcha “una nueva modalidad de golpe de estado en Perú”.
La Fiscalía presentó formalmente la acusación ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, a quien según el Ministerio Público corresponde ahora pronunciarse, aunque el gobierno acusa a la fiscal Benavides de intentar una maniobra inconstitucional para sacar a Castillo del poder.
La acusación formal al presidente supone un nuevo capítulo en la crisis política peruana y abre una nueva etapa de incertidumbre sobre el futuro del mandatario.
Pero, ¿cuáles son los hechos que se le imputan y que podrían costarle el cargo?
La Fiscalía llevó a cabo este martes varios registros en viviendas supuestamente relacionadas con la trama investigada, entre ellos el de la hermana del presidente en San Juan de Lurigancho, un populoso barrio de Lima.
La fiscal Benavides aseguró que los investigadores encontraron “muy graves y reveladores indicios” de la supuesta existencia de la red criminal en el Gobierno, aunque no dijo cuáles..
El Presidente expresó su indignación por Twitter “La Fiscalía ha ingresado a la casa de mi hermana. Mi madre se encuentra ahí. Este acto abusivo ha afectado su salud. Responsabilizo a la Fiscalía de la Nación por la salud de mi señora madre”.
La Fiscalía ha abierto seis investigaciones preliminares sobre Castillo en el poco más de un año que lleva de presidente y la acusación constitucional presentada el viernes supone la culminación a meses de titulares sobre supuestas irregularidades e ilícitos cometidos por su entorno.
Ya en mayo se había emitido orden de busca y captura contra dos sobrinos del presidente, Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez, que desde entonces continúan huidos de la justicia, y su cuñada, Yenifer Paredes, a la que según el mismo cuenta ha criado como su hija, quien fue encarcelada el 31 de agosto por su supuesta pertenencia a la red liderada por Castillo.
Las investigaciones en curso en la Fiscalía son diversas y algunas interconectadas., pero ninguna ha superado la fase preliminar.
De acuerdo con la Constitución peruana, el Presidente solo puede ser acusado por traición a la patria, por impedir la celebración de elecciones, disolver el Congreso indebidamente o impedir que se reúna, así como imposibilitar el funcionamiento de los órganos electorales.
Sin embargo, la Fiscalía asegura que el procedimiento especial de denuncia constitucional permite determinar si las personas que tiene inmunidad (como el primer mandatario y los congresistas) cometieron delitos en el ejercicio de sus funciones, entre ellos abuso de autoridad o corrupción.
Una vez formulada la acusación por esta vía, para salir adelante requiere del voto de más de la mitad de los congresistas. De ser aprobada en el Congreso, la fiscal de la Nación podrá formular una demanda penal contra Castillo ante la Corte Suprema de Justicia.
El gobierno asegura que la iniciativa va contra la Constitución.
El Ministerio de Transportes ha sido objeto preferente de las investigaciones. Según la Fiscalía, Castillo y su ex ministro de Transportes, Juan Silva, también huido, favorecieron a determinados empresarios en la concesión de contratos públicos a cambio de pagos irregulares.
Para otro exministro de Transportes de Castillo, Geiner Alvarado, la Fiscalía pidió una medida de impedimento de salida del país, también por su supuesta pertenencia a esta banda, de la que formaría parte también los sobrinos fugados de Castillo.
Los sobrinos se habrían lucrado con la concesión del proyecto para la construcción de un puente en el norte del país. En el mismo procedimiento está imputado Bruno Pacheco, ex secretario de Castillo al que se le intervinieron US$20.000 en el cuarto de baño de su despacho en el Palacio de Gobierno.
De acuerdo con el relato de la Fiscalía, la red presuntamente liderada por Castillo también habría buscado lucrarse con contratos públicos del Ministerio de Vivienda en su provincia natal, Chota.
Fue este asunto el que llevó a prisión a su cuñada, Yenifer Paredes, que fue vista en una grabación difundida por el programa Cuarto Poder gestionando la realización de obras de saneamiento en un municipio chotano acompañada del empresario local Hugo Espino.
Entre los registros llevados a cabo el martes estuvo el de los despachos de 6 congresistas del partido Acción Popular conocidos en los medios locales como “Los Niños” y a los que la Fiscalía sitúa también como miembros de la organización criminal de Castillo.
Se trata de Raúl Doroteo Carbajo, Juan Carlos Mori, Jorge Luis Flores Ancachi, Darwin Espinoza Vargas, Ilich López Ureña y Elvis Vergara Mendoza.
Informaciones publicadas en los medios peruanos indican que lo que puso a la Fiscalía sobre aviso de los supuestos tratos delictivos de Castillo con “los Niños” fue el testimonio de la empresaria Karelim López Arredondo, que señaló que todos ellos formarían parte de la red corrupta del Ministerio de Transportes.
La empresaria se acogió a la figura de la colaboración eficaz con la justicia para obtener beneficios procesales en un caso en el que ella también está implicada.
Los congresistas se habían caracterizado por votar a favor de los intereses de Castillo en el Congreso pese a pertenecer a una bancada rival.
Aunque la fiscal Benavides no lo mencionó como uno de los asuntos que sustentan su acusación constitucional contra el presidente, se sabe que la Fiscalía también investiga el papel de Castillo en supuestas irregularidades en el ascenso de altos mandos de las Fuerzas Armadas y de la Policía.
La Fiscalía considera que Castillo, junto con un exministro de Defensa, Walter Ayala, y su exsecretario personal, Bruno Pacheco, habrían solicitado el ascenso de varios oficiales al grado de general y habrían intentado recibir dinero a cambio de esos ascensos.
Castillo fue citado a declarar por este asunto el pasado 4 de agosto y prefirió acogerse a su derecho a no declarar.
La salida del gobierno del ministro del Interior Mariano González se convirtió en un nuevo expediente judicial contra Castillo.
González declaró a los medios tras haber sido cesado que lo fue en represalia por haber asignado a los policías más competentes a la división encargada de localizar a huidos como los sobrinos de Castillo.
“Cae de maduro que se está cuestionando poner a los mejores profesionales para búsqueda de prófugos”, dijo entonces González.
Para la Fiscalía esto podría constituir un delito contra la administración de justicia por parte del Presidente.
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